El Gobierno objetó por inconveniencia el artículo 10 del proyecto de ley por considerar que “no aparece opción real y verdadera para que el sector de infraestructura vial pueda lograr los materiales a precios justos por parte de titulares de derechos mineros en estas áreas de borde aledañas a las carreteras, sobre las que supues­tamente existe un régimen especial, pues aunque la norma dice que deberán venderlos a “precio de mercado normalizado en la zona”, en la realidad se cobra el costo de oportunidad (se titulan antes de empezar el proyecto carretero cerrando opciones y obligando prácti­camente a comprarles al precio que oferten)”. De otra parte, señala que el término de vigencia máxima de la autorización temporal propuesto (3 años prorrogables), no atiende a la realidad de contratos como el de concesión, que tiene una vigencia promedio superior. También fue objetado el artículo 30 que autoriza la utilización de minidragas de hasta 60 caba­llos de fuerza en departamentos como Chocó, Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guanía, Vaupés y Vichada y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde se concentra mayor biodiversidad y se encuentran ecosistemas estratégicos del país. El Gobierno dijo que esta actividad generaría impactos negativos e irreversibles en lo ambiental y social.